En el marco de la discusión que inició el Congreso Nacional para derogar o modificar la actual Ley de Alquileres, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi, afirmó que la reforma de la normativa de velar por “cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos”. Pero, en este contexto, el funcionario deslizó la posibilidad de que cada provincia tenga que “regular con sus propias planificaciones” la norma nacional. “Una ley nacional en una Argentina tan compleja no resuelve. Cuando uno toma las leyes del mundo las leyes de alquileres son leyes locales; está bien que haya un marco regulatorio a nivel nacional, pero el que planifica es una ciudad”.
Esta semana empieza a debatirse al reforma de la ley de alquileresEn diálogo con radio AM 530, el funcionario del Ejecutivo sostuvo que “no se puede suspender una ley vigente” y por esto debería trabajarse en su modificación. “No estamos de acuerdo en que se derogue la ley y tenemos que bregar por cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos”, indicó el ministro. Y remarcó que la actual ley “evidentemente no funcionó porque hay tres millones de alquileres y se inscribieron en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) no más de 230.000 contratos”.
Más allá de las críticas, Ferraresi también destacó que la ley vigente permitió a los inquilinos obtener ciertas conquistas que tienen que ver con el plazo del contrato (tres años) y el ajuste anual.
Fijaron postura
El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) -entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires junto a más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país- presentó un documento dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Mercado inmobiliario: ¿cuál es la situación en Tucumán y qué se espera con la nueva ley de alquileres?En ese texto plantearon la necesidad de “reformar urgentemente los plazos de contrato y la actualización de los valores” y retornar al sistema de contratos a dos años; al tiempo de permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y formato de actualización de los valores.
Además, los representantes de la entidad consideraron “nocivo” al denominado “impuesto a la vivienda ociosa” o la fijación de un tope a los valores de los alquileres. “No podemos dejar de poner énfasis en el desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada ‘vivienda ociosa’ o ‘un tope al valor del canon locativo’, que en nada contribuirá a incrementar la cantidad de inmuebles ofrecidos en alquiler, sino por el contrario, sólo podría profundizar el retiro de un mayor número de unidades”, remarcaron.